Como cada año, volvemos en el día de hoy a Errekalde y Ametzola para unirnos en torno al recuerdo de Santi Brouard y Josu Muguruza. Dos hombres que por su entrega, por su militancia política, por la relevancia política que demostraron tener y por su calidad humana, fueron asesinados hace 33 y 28 años. Los dos destacaron por su gran carisma, por su altruismo y su dedicación en la búsqueda de dar una solución justa y democrática al conflicto político vivido por el pueblo vasco. [...]

El 10 de agosto ha acabado el plazo para que las víctimas de la violencia de motivación política entre los años 1960 y 1978 puedan continuar cursando más solicitudes de reconocimiento y reparación al amparo de la Ley 12/2016 del Gobierno Vasco. 2017-08-11 00:00:01[...]

El 28 de julio del pasado año el Parlamento Vasco aprobó la Ley de “reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999”. Mediante esta Ley, el Gobierno Vasco pretendía dar protección y amparo a las víctimas de la violencia del Estado, de la violencia policial, la tortura, etc., progresando en la definición de víctima y sus derechos en comparativa a textos anteriores.

Pese a que esta Ley venía a regular y reconocer las víctimas de entre los años 78 y 99, esta parte aún no ha llegado a activarse, por no haberse redactado el reglamento necesario. Pero en cambio, sí se activó otra que ha dado hasta el día de hoy una nueva oportunidad a todas aquellas personas que hubiesen padecido vulneraciones de derechos humanos con anterioridad, pero que aún no hubiesen presentado solicitudes de reconocimiento. Por lo tanto, aunque resulte paradójico, la Ley cuyo título hace referencia a los años 78 y 99, ha dado en un principio reconocimiento a las personas que hubiesen sufrido vulneraciones de derechos humanos entre el 60 y el 78.

La gestión que desde el Gobierno Vasco y la Secretaría General para la Paz y la Convivencia se ha venido haciendo de esta Ley puede calificarse de pésima. Además de la confusión que el propio título ha generado, no se notificó que el plazo de presentación de solicitudes terminaba el 10 de agosto (12 meses) hasta el mes de febrero de este mismo año, argumentando un error de interpretación de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco. Si un plazo de 12 meses es ya escaso para tramitar solicitudes de esta naturaleza, intentar llegar a todas las víctimas susceptibles de ser reconocidas y reparadas, preparar toda la documentación y tramitar la solicitud en menos de 7 es prácticamente imposible.

Debe ser tomada en cuenta la dificultad que atañe el tratar de recabar documentación para intentar demostrar que una persona sufrió vulneraciones de derechos humanos -torturas, heridas de gravedad o incluso la muerte- en las décadas de los 60 o 70. Tramitar una solicitud de estas características requiere recopilar información que en la gran mayoría de los casos no existe, “ha dejado de existir”, o a la que directamente se deniega el acceso (informes médicos, forenses, policiales, militares, etc.); requiere recorrer juzgados de paz, registros municipales, registros judiciales y médicos, etc.; requiere lidiar muchas veces con versiones oficiales construidas por las Fuerzas de Seguridad de una dictadura, a las que los informes jurídicos aún hoy día dan veracidad. Además de lo tremendamente doloroso que resulta revivir ese tipo de circunstancias que marcan un antes y un después en la vida de una persona. Conlleva tiempo, paciencia, firmeza y valentía.

Todos estos tramites han tenido que ser llevados a cabo por las personas que sufrieron vulneraciones de derechos humanos, o por sus familiares y amigos más cercanos (es un factor a tener en cuenta la edad media de las personas que sufrieron vulneraciones durante las décadas de los sesenta y setenta), sin acompañamiento ninguno por parte de la Administración y en un plazo de escasos meses.

Además, ni el Gobierno Vasco ni la Secretaría han utilizado una vía de comunicación directa con la ciudadanía para informar a estas personas de que estaba abierto un procedimiento para ser reconocidas y reparadas por los sufrimientos padecidos. Ni siquiera un anuncio en prensa. Tampoco se ha contactado directamente con las víctimas o sus familiares hasta el último momento (incluso ha llegado alguna carta a mediados del mes de julio). Se ha obligado a las propias víctimas a realizar todos los trámites online y con certificados telemáticos (debido a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En definitiva: no se ha ofrecido ningún tipo de ayuda ante una cuestión tan delicada como esta.

Es por ello que, bajo el punto de vista de la Fundación Egiari Zor, sin entrar a valorar lo rígidos que los procedimientos administrativos pueden llegar a ser, lo verdaderamente incomprensible es la falta de tacto y cercanía que la Secretaría para la Paz y Convivencia ha demostrado hacia las víctimas ante un reto de estas características.

Nuestra fundación dedica su labor primordialmente a contribuir a la creación de un mapa global con todas las vulneraciones de DDHH ocurridas; y a trabajar para la consecución de un marco legal que brinde el mismo nivel de reconocimiento y reparación a todas las víctimas. En ese sentido, durante los últimos meses, hemos tratado de ponernos en contacto con todas las personas a nuestro alcance y hemos hecho llamamientos públicos para que todas aquellas personas afectadas presentaran solicitudes a la mayor brevedad posible.

Los censos donde se recogen las vulneraciones de derechos humanos de entre los años 1960 y 1978 aportan los siguientes datos: al menos 1.566 personas fueron torturadas; cerca de 250 personas fueron gravemente heridas y requirieron hospitalización; y por lo menos a 118 personas se les vulneró el derecho a la vida (de las cuales por lo menos 76 no han recibido aún reconocimiento ninguno).

Pese al esfuerzo realizado, nos ha sido imposible contactar con todas ellas, ya que, a pesar de que contamos con censos muy extensos, no disponemos de medios suficientes para llegar a cada una de esas personas, informarlas debidamente y ayudarles a realizar las solicitudes. Dichas dificultades solo nos han permitido ayudar a tramitar cerca de 30 solicitudes.

Hemos llevado a cabo esta labor pese a que esta era para nosotras una Ley que no respondía suficientemente a la realidad completa de las vulneraciones de derechos humanos dadas en el marco del conflicto político vasco. Aún y todo, sí considerábamos que era gran avance en el camino de la consecución completa de la verdad de lo ocurrido y una contribución a la convivencia. Y por ello, era importante dar este paso.

Pero lo verdaderamente preocupante es que el 10 de agosto se pretenda cerrar un capítulo de nuestra historia contando un relato incompleto, siendo plenamente conscientes de que la realidad es radicalmente distinta. El período final de la dictadura franquista y la llamada Transición fueron épocas convulsas y sangrientas debido en su mayor parte a la violencia ejercida por el Estado Franquista y sus aparatos. Las 187 víctimas reconocidas a través del Decreto 102/2012 no son más que la punta del iceberg.

A todo esto debemos añadirle que hablamos sobre una Ley recurrida desde mayo de 2017 por el Gobierno Español, en un intento de dar un nuevo impulso a ese relato que niega la existencia de víctimas producidas por el Estado y sus aparatos. Las víctimas han estado cursando solicitudes ante una Ley que en este momento no tiene validez ninguna. La inseguridad jurídica que esto ha generado en las víctimas ha generado una profunda desconfianza en los posibles solicitantes. Iniciar el camino del reconocimiento supone ya para una víctima hurgar en una herida muchas veces no superada. Las consecuencias emocionales de este proceso han supuesto en ocasiones que muchas personas no hayan querido comenzar ningún proceso de trámite, en un ejercicio de autoprotección ante la poca esperanza de ver reconocidos sus derechos.

Por todo ello, desde la Fundación Egiari Zor, deseamos reprobar públicamente la actitud del Gobierno Vasco y a la Secretaría de Paz y Convivencia: por la gestión deficiente del procedimiento administrativo de las solicitudes; por las dificultades y trabas en todo el recorrido y tramitación de la Ley; por la desinformación manifiesta; por el poco sentido ético de imponer plazos de acceso a normas y leyes relativas a los derechos humanos de la ciudadanía; por la inseguridad jurídica creada y el establecimiento de arcos temporales en Decretos y Leyes que siguen dejando fuera de toda protección legal a numerosas víctimas; etc.

Todo ello hace de esta Ley una norma insuficiente y mal gestionada, en perjuicio de quienes dan precisamente sentido a la misma: las víctimas. Y para tratar de subsanar esta situación generada durante el último año, solicitamos a la Secretaría de Paz y Convivencia y al Gobierno Vasco:

Por un lado, solicitamos una actitud proactiva hacia todas las personas que hayan sufrido las consecuencias del conflicto en sus carnes, sin excepción alguna. Porque reconocer y reparar a las víctimas es un paso absolutamente necesario para la convivencia en términos democráticos, hasta completar el mapa de todas las vulneraciones de los derechos humanos  y otros sufrimientos derivados del conflicto político. Creemos sinceramente que la situación que se ha generado debiera servir para reflexionar y analizar sobre qué es lo que ha fallado cuando se ponen en marcha Leyes para dotar de reconocimiento y reparación a unas víctimas que existen y están en los censos, pero que nunca llegan a reconocerse. Y en ese sentido, la conclusión es clara: las instituciones deben poner todos los medios a su alcance para que las normas que habiliten lleguen por lo menos a aquellas personas a las que están dirigidas.

Por otro lado, solicitamos la elaboración y puesta en marcha de una nueva Ley integral de reconocimiento y reparación, que dé amparo y protección a todas las víctimas de vulneraciones de DDHH, sin plazos temporales que limiten el reconocimiento a un periodo concreto entre ciertos años; y sin plazos preestablecidos para presentar las solicitudes.

Con esta propuesta, buscamos ofrecer la suficiente confianza mediante un mecanismo legal y seguro a todas aquellas víctimas que aún no hayan cursado la solicitud por una u otra razón, para que lo puedan hacer en el futuro, cuando estén lo suficientemente preparadas o hayan recabado la suficiente documentación. Para ello, proponemos que la comisión de valoración se reúna periódicamente a analizar las solicitudes presentadas hasta el momento, y se vaya resolviendo poco a poco. Porque estamos convencidas de que el pleno reconocimiento de todas las vulneraciones debe ser un proceso constante, que dará fruto en el futuro.

Finalmente, también quisiéramos ofrecer nuestra más sincera colaboración en este cometido al Parlamento Vasco, a los partidos políticos que lo componen, al ejecutivo vasco y en particular a la Secretaría de Paz y Convivencia.

Egiari Zor Fundazioa